Política - La reforma del Código Procesal Penal vuelve a escena

Dos proyectos, uno del bloque oficialista ECO, fueron presentados en la Cámara de Diputados para la reforma del Código Procesal Penal de Corrientes. El Código data de 1971 y desde el año 2004 se reiteraron sin éxitos varios intentos de reforma.

El Código Procesal Penal de Corrientes entró en vigencia en 1971 y fue provincia pionera en contar con código moderno. Pero fueron pasando los años y hoy Corrientes se ubica como la provincia con esta normativa más desactualizada.

Desde el año 2004 se intenta actualizar el Código, pero se repite la misma historia de un proyecto que pierde estado parlamentario por no completar el circuito de sanción en ambas cámaras.

En el año 2014 se volvió a presentar el proyecto de reforma y logró media sanción en Senado. Diputados al recibir el proyecto lo giró a comisiones y nunca se reactivó su tratamiento en 2015 y perdió estado parlamentario.

A principios de 2017, un nuevo proyecto legislativo pidió conformar una comisión mixta ad honorem que promueva una reforma integral del Código Procesal Penal, a diferencia de distintas iniciativas presentadas los últimos años que promovían reformas parciales.

Esta semana, ingresaron dos proyectos de reforma, que dejan entrever la posibilidad de que se reflote el debate en torno a la normativa penal provincial.

Uno de los proyectos pide se derogue la Ley 2945, que es el código vigente, y es firmado por el bloque ECO, integrado por los diputados Laura Vischi, Héctor López, Pedro Cassani, Adan Gaya, Eduardo Tassano, Jorge Molina, Mario Cordero Holtz, Geraldine Calvi, María Mancini, Analía Bestard, Marcelo Chaín, Juan Fernández Affur, Lautaro Sáez, José Vassel, Vicente Romero y Miguel Salvarredy.

Sostienen que el Código procesal penal que se encuentra en vigencia al presente, ha constituido sin dudas un mecanismo importantísimo en la materia pero luego de más de 46 años de vigencia las previsiones allí contenidas resultan vetustas y superadas por la realidad que se necesita normar dado que desde aquella reforma, los ciudadanos considerados individualmente como así también la sociedad que se integra han experimentado importantísimos cambios, los que han sido

acompañados por las normas procedimentales de algunas ramas del derecho, no sucediendo así con el procedimiento penal.

Agregan que el sistema judicial penal necesita contar con herramientas procesales que, adaptándose a la realidad actual, permitan brindar respuestas certeras y oportunas a los conflictos sociales provenientes de situaciones y circunstancias no previstas por la normativa actual y/o si bien, previstas, no se logra dar respuestas adecuadas.

Argumentan la necesidad de reforma en que las claras deficiencias del actual sistema procesal resultan al presente tan notorias como graves tanto para los justiciables como para el sistema de 

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